Es indiscutible que estamos en la era de la digitalización y de las comunicaciones virtuales, y era de esperar que ello infiriera en todos los ámbitos, incluido el ámbito jurídico. Actualmente, la mayor parte de las relaciones personales se establecen a través de las redes sociales, generando a su vez la comisión de delitos en el ámbito virtual, teniendo como principal testigo el terminal desde el que se realiza la comunicación.

Uno de los aspectos más negativos en el uso de las redes sociales esta relacionado con el anonimato que proporcionan estos sistemas, y sobre todo la posibilidad de manipulación de las cuentas, siendo posible la creación de una cuenta con una identidad falsa. Todo ello ha dado lugar a la confusión de determinadas personas sobre el concepto de la libertad de expresión en las redes sociales, y los límites a este concepto, parecen olvidar que la libertad de expresión de una persona acaba en el punto en que se empieza a fracturar el derecho al honor y a la dignidad de otra, sea cual sea el medio por el que uno decida expresarse libremente. Desgraciadamente hemos vivido hace muy poco  varias situaciones así, tales como los tuits deseando la muerte a un niño enfermo, o manifestando alegría por la muerte de un torero, sin entrar en polémicas taurinas, el hecho a destacar aquí no es estar a favor o en contra, sino la falta de empatía, y sobre todo la deshumanización que muestran algunas personas en el uso de las redes sociales, publicando tuits hirientes que pueden y deben dar lugar a la imputación por un delito de aquellas personas autoras de los mismos.

No era de esperar que los tribunales tuvieran que pronunciarse al respecto, estableciendo unos criterios para otorgar valor probatorio a los materiales aportados en procedimientos y obtenidos mediante los llamados “pantallazos”, en este sentido el Tribunal Supremo ya se pronunció en la STS 2047/2015 , habiendo sido condenado un hombre a 5 años y 1 día de prisión por abusos sexuales a una menor, siendo una de las pruebas aportadas por la victima el pantallazo de una conversación mantenida por tuenti con un compañero de clase al que confesaba  y relataba los abusos a que estaba siendo sometida por la pareja de su madre, al ser impugnada por el condenado la autenticidad de la conversación, el tribunal determinó que cuando fuera impugnada la autenticidad de cualquiera de estas pruebas, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, la carga de la prueba se desplaza a la parte que pretende hacer valer la misma en un procedimiento, en tal caso será imprescindible la practica de una prueba pericial que determine la identidad de los interlocutores, el origen de la comunicación y el contenido de la misma. En este caso concreto, el TS consideró totalmente legítima la conversación de tuenti aportada mediante un pantallazo, dado que la propia victima puso a disposición de los instructores de la causa su contraseña de tuenti, y el otro interlocutor fue propuesto como testigo.

Recientemente, también ha sido noticia el Auto del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2016 , por el que inadmite a trámite el Recurso de Casación interpuesto por Luis Pineda, dueño de Ausbanc, ratificando la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla , que a su vez ratificada la sentencia impuesta por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Sevilla, por la que se condenaba a Luis Pineda por intromisión ilegítima en el derecho al honor de Rubén Sánchez, portavoz de Facua, mediante insultos a través de la red social twitter. Lo peculiar de la sentencia es que se condena al Sr. Pineda a tuitear desde prisión durante 30 días el fallo de la sentencia, para ello ha tenido que ser habilitada una herramienta creada para aumentar el número de caracteres y así poder transcribir el fallo completo de la sentencia, además de ser obligado, como es lógico, a borrar los 57 tuits ofensivos.

Pero la intromisión de las redes sociales no sólo se ha hecho patente en la instrucción de procedimientos y en fallos de la jurisdicción penal, ya que también encontramos injerencias de la redes sociales en la jurisdicción social, como el caso de una trabajadora que encontrándose de baja colgó en su página de facebook unas fotos tocando la guitarra, y lijando las puertas de su casa, ante el visionado de tales fotos, la empresa llevó a cabo un despido disciplinario, y aunque la STSJ de las Palmas de Gran Canaria 16/2016, estimó el recurso interpuesto por la trabajadora, declarando improcedente el despido, realizó una serie de consideraciones sobre el uso legítimo por parte de la empresa de las fotos que ella había colgado en su pagina de facebook y su aportación al procedimiento para justificar el despido disciplinario. En este caso, el tribunal entiende que no se ha vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar de la trabajadora, puesto que ella misma consintió la difusión de las fotografías a través de la red social, siendo libre el acceso a la pagina personal de facebook de la trabajadora, y concretamente al espacio donde estaban colgadas las fotografías, entiende el tribunal que al no requerir dicho acceso el uso de claves, es totalmente lícito el acceso a la información por parte de todos los usuarios de la red social que decidan acceder a ella, ya que la propia trabajadora otorgó su consentimiento para ello en el momento en que decidió exponer en dicho medio esas fotografías, debiendo ser ella misma la que tomara conciencia de la parte de su intimidad que expone en la red social.

Queda claro que debemos hacer un uso responsable de las redes sociales, teniendo presente que actualmente son los medios de mayor difusión, y que estas renunciando a tu derecho a la intimidad desde el mismo momento en que decides publicar una fotografía que en principio ha sido realizada en el contexto de tu vida privada.