Nuevos problemas jurídicos derivados de la inmigración.

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha abordado esta cuestión recientemente, en la Resolución de 20 de julio de 2016. La cuestión se planteó en un recurso interpuesto contra la denegación del Registrador de la Propiedad de Cullera (Valencia), de inscribir una escritura de aceptación y adjudicación de la herencia de un difunto de nacionalidad iraní.

En esa escritura notarial se había efectuado un reparto de la herencia con arreglo al Código Civil de la República Islámica de Irán que, en este punto, se ajusta a las normas de la Sharia. Concretamente, el art. 907 del Código Civil iraní, para este supuesto, establece que el hijo varón del causante ha de recibir el doble que la hija.

En principio, las normas de Derecho Internacional Privado del Código Civil español establecen que la ley aplicable a la sucesión hereditaria es la correspondiente a la ley nacional del difunto (artículo 9.8 del Código Civil). Por lo que acudir a la ley de Irán, que en este caso recoge la normativa religioso-jurídica del Corán o Sharia, es en principio obligatorio.

Sin embargo, el Registrador rehusó inscribir dicha escritura y las adjudicaciones que contiene, por considerar que esa norma contravenía el orden público, al amparo del artículo 12.3º del Código Civil español, el cual establece que “en ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público”.

El Registrador consideraba infringido el orden público por contravenir, la norma iraní, el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución española); el de no discriminación por razón de sexo consagrado en diversos tratados internacionales suscritos por España; y el principio de igualdad de los hijos ante la ley, recogido en el artículo 39 de la Carta Magna. Y ello a pesar de que la hija del causante había aceptado expresamente esa partición hereditaria. Consideraba el Registrador que esa aceptación por la hija no subsanaba la adjudicación de la herencia ni validaba el título, por ser las normas en que se ampara ese reparto, inaplicables en España.

La Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 2 de julio de 2016, publicada en el BOE de 19 de septiembre de 2016, ha confirmado la resolución del Registro de la Propiedad, con un riguroso y completo estudio de las cuestiones jurídicas que se suscitaban, a la luz de la normativa española y del Derecho de la Unión Europea –Reglamento (UE) 650/2012)-; declarando que la aplicación en España de la norma extranjera seleccionada por la norma de conflicto (Código Civil Iraní, que coincide con la Sharia en este punto), y que lleva al resultado de adjudicar a la hija, por ser mujer, la mitad de la cuota de su hermano varón en concurrencia con el mismo, es incompatible con principios fundamentales o ideas eje que fundamentan el ordenamiento jurídico español, como el principio de no discriminación recogido tanto en el artículo 14 de la Constitución española como en los relevantes convenios internacionales (artículos 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

La Dirección General de los Registros y del Notariado de fecha 2 de julio de 2016, publicada en el BOE de 19 de septiembre de 2016, ha confirmado la resolución del Registro de la Propiedad, con un riguroso y completo estudio de las cuestiones jurídicas que se suscitaban, a la luz de la normativa española y del Derecho de la Unión Europea –Reglamento (UE) 650/2012)-; declarando que la aplicación en España de la norma extranjera seleccionada por la norma de conflicto (Código Civil Iraní, que coincide con la Sharia en este punto), y que lleva al resultado de adjudicar a la hija, por ser mujer, la mitad de la cuota de su hermano varón en concurrencia con el mismo, es incompatible con principios fundamentales o ideas eje que fundamentan el ordenamiento jurídico español, como el principio de no discriminación recogido tanto en el artículo 14 de la Constitución española como en los relevantes convenios internacionales (artículos 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, y 14 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales –además principio general del derecho de la Unión Europea conforme al artículo 6 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea–) normas que no sólo informan con carácter de principio orientador el ordenamiento jurídico, sino que son de aplicación directa en España, estando obligadas las autoridades españoles a garantizar el respeto a los principios indicados al valorar los resultados de la aplicación a que llama la norma de conflicto, por lo que no es posible atribuir efecto jurídico en España a una norma discriminatoria ni en la esfera judicial ni en la extrajudicial.

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