El día 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor la obligatoriedad, para todos los colectivos profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia, de utilizar el sistema de comunicaciones Lexnet. Se perseguiría, según la propaganda del Ministerio de Justicia, la desaparición del papel de los Juzgados, y la agilización de los procedimientos.

La realidad es bien distinta: Lexnet traslada a los despachos profesionales la carga de trabajo de la mecanización informática de los escritos y documentos, un trabajo que realizaban hasta ahora los funcionarios de Justicia. Existen razones de tipo presupuestario y objetivos de ahorro no confesados tras la implantación del sistema.

El cambio afecta de forma radical a los profesionales. Será necesaria la ampliación de las plantillas, incorporando auxiliares administrativos para poder llevar a cabo las laboriosas y lentísimas operaciones de Lexnet. El sistema, pese a que se esté vendiendo como un gran avance tecnológico, deja mucho que desear desde el punto de vista técnico. Es lento, poco operativo, engorroso, y consume una gran cantidad de tiempo. Un escrito simple, de un folio, requiere, para ser subido a la red Lexnet, entre 10 y 20 minutos, y eso contando con que ningún elemento falle (hardware, software, suministro eléctrico, líneas telefónicas, suministrador del servicio de internet,…). Las estructuras actuales de los despachos de abogados difícilmente podrán desarrollar las nuevas exigencias de LexNet sin nuevas contrataciones.

Lo que podría haberse ofrecido como opcional, facultativo para los profesionales, como herramienta de comodidad para quienes prefirieran utilizarla, a discreción del usuario; se ha implantado como vía única de comunicación con los órganos judiciales. Habrá profesionales que ya no podrán adaptarse y quedarán fuera de juego en los últimos años de su vida profesional. Pensemos en las intrincadas exigencias de tipo tecnológico que existe el sistema (manejo de una multiplicidad de programas informáticos con un nivel de conocimiento avanzado, hardware de última tecnología con interconexiones de intranet e internet,…) En una carrera enloquecida hacia la tecnificación de la Justicia, que la aleja cada vez más de su raíz y esencia, la cual se encuentra no en la Técnica, sino en las Humanidades.

Naturalmente, todas estas implicaciones económicas de la reforma, desde las inaplazables inversiones en equipos informáticos y programas actualizados, hasta los costes laborales y de seguridad social del nuevo personal, pasando por los gastos en formación de los profesionales, deberán ser repercutidos al cliente en el precio de los servicios, o bien ser asumidos por los profesionales del sector, a costa de sus exiguos márgenes de beneficios, ya de por sí reducidos a niveles antieconómicos e indignos en los últimos años, como consecuencia de las políticas liberalizadoras de las dos últimas décadas, y de la crisis económica.

Entretanto, las corporaciones profesionales –Consejo General de la Abogacía, Colegios de Abogados-, que deberían haberse opuesto frontalmente a la implantación del sistema, o al menos, haber exigido al Estado, en una negociación a cara de perro, las compensaciones económicas para los profesionales, que permitieran afrontar la adaptación al nuevo sistema sin quebrantos como el que se va a producir, han humillado mansamente la cerviz para, una vez más, y son muchas ya desde 1978, dejarse rejonear. Una profesión más, como tantas otras, que se degrada cada día a golpe de Boletín Oficial del Estado, y de indolencia y pasividad de los profesionales, incapaces de defender sus intereses y la dignidad de su oficio.

Lamentablemente ni siquiera el objetivo de “papel cero” se va a cumplir. Lexnet no elimina la obligación de presentar, también, las copias en papel, dentro de los tres días siguientes a la presentación telemática. Y nos preguntamos: si al final seguimos teniendo que llevar los escritos y documentos, en papel, a los registros de los Juzgados, ¿para qué esta reforma? ¿qué sentido tiene duplicar el trabajo? ¿a quién beneficia?

A quién beneficia, no lo sabemos, pero lo intuimos: al presupuesto público, a corto plazo. A los grandes bufetes internacionales, que aspiran al oligopolio, a medio plazo. Pero sí sabemos con seguridad a quién perjudica: como siempre, a los ciudadanos. A los profesionales, directamente y en primer grado. A los usuarios y clientes del sector de la abogacía, indirectamente, en cuanto que la reforma repercutirá en la calidad del servicio y encarecerá los precios.